La Federación Gallega de Transporte de Mercancías (FEGATRAMER), principal organización representativa del sector en Galicia, ha decidido actuar de forma contundente ante la “pasividad del Gobierno” en relación con las prórrogas de la concesión de la AP-9. La entidad, que cuenta con representación en toda la comunidad a través de asociaciones provinciales como ACOTRADES, ACTC, ASETRANSPO, OPERADORES LOGÍSTICOS, TRADIME y AETRANS, ha acordado iniciar todo tipo de acciones para frenar lo que consideran un abuso prolongado contra los transportistas gallegos y el conjunto de la ciudadanía.

Como primer paso, FEGATRAMER ha encomendado al bufete Gándara Moure el inicio de acciones legales ante el Tribunal Supremo con el fin de obtener la nulidad de las dos prórrogas concedidas a la empresa concesionaria AUDASA:

• La primera, de 10 años (2013-2023).
• La segunda, de 25 años (2023-2048).

En consecuencia, se reclama la nulidad del contrato y del cobro de los peajes que AUDASA continúa exigiendo.

La Federación denuncia que ambas prórrogas fueron otorgadas sin los procedimientos de licitación exigidos por la normativa de contratación pública, sin la debida publicidad —como el anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea— y en condiciones que vulneran principios básicos del Derecho administrativo. En palabras del colectivo, “se trata de modificaciones sustanciales tramitadas al margen del marco legal”.

La primera prórroga, argumentan, se concedió para compensar a AUDASA por retrasos en la puesta en servicio de la infraestructura, premiando así el incumplimiento de plazos por parte de la propia concesionaria, que en aquel momento era pública. La segunda extensión, por su parte, sirvió para incrementar el valor de AUDASA de cara a su venta, permitiendo al Estado obtener mil millones de euros adicionales a costa de prolongar el peaje durante un cuarto de siglo.

“Un auténtico fraude de ley, un gran negocio para la administración y para AUDASA, pero ruinoso para Galicia y sus transportistas”, sostiene la Federación, que considera inaceptable que los usuarios deban sufragar los 1.963 millones de euros que suponen la amortización de la inversión y los ingresos obtenidos por el Estado.

A esta situación se suma la falta de una posición clara por parte del actual Gobierno, que oscila entre señalar culpables del pasado y defender la legalidad de las prórrogas, llegando incluso a insinuar un posible recurso contra la Comisión Europea. Por ello, FEGATRAMER considera imprescindible acudir al Tribunal Supremo como órgano competente para determinar la nulidad de las prórrogas, el cese del cobro de los peajes y las responsabilidades derivadas.

“Los transportistas gallegos, en especial los propietarios de los más de 2.000 camiones que a diario utilizan la AP-9, están hartos de esperar. Es hora de actuar y poner fin a unos peajes que son ilegales y abusivos”, señala la organización.

En este contexto, la Federación también ha criticado los argumentos del Gobierno, que presume de haber ahorrado 375 millones a los gallegos en peajes desde 2018. “Nos toman por tontos. Esos 62 millones al año que dicen haber reducido siguen saliendo del bolsillo de todos, vía impuestos. Lo que deben hacer es resolver este contrato y, si procede, indemnizar a AUDASA por lo que no haya podido amortizar”. FEGATRAMER recuerda que la Xunta de Galicia estima el coste del rescate entre 1.612 y 2.355 millones de euros, una cifra que pone en evidencia la magnitud del problema y la urgencia de una solución definitiva.