La Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU) ha reclamado un enfoque basado en incentivos en lugar de imposiciones normativas para acelerar la transición hacia flotas corporativas de cero emisiones en la Unión Europea. Así lo ha expresado su presidente, Radu Dinescu, durante su intervención en el diálogo de alto nivel organizado por la Comisión Europea, en el marco de la iniciativa Greening Corporate Fleets.

La Comisión Europea investiga actualmente fórmulas para fomentar la adopción de vehículos sin emisiones, incluida la posibilidad de establecer objetivos obligatorios de compra para propietarios de flotas privadas. Sin embargo, desde la IRU se advierte que este tipo de medidas coercitivas serían contraproducentes.

“La UE debe proporcionar herramientas, no imponer reglas, y crear un mercado donde las opciones limpias sean realmente viables”, señaló Dinescu. “Nuestro sector necesita medidas que habiliten, no que prescriban”, añadió.

Desde la organización internacional, que representa a los operadores de transporte por carretera, se insiste en que cualquier transportista puede considerarse parte de una flota corporativa, por lo que las implicaciones de este debate son amplias y afectan a todo el sector. Además, esta discusión está conectada con el Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Industria del Automóvil y los objetivos de reducción de emisiones de CO₂ para vehículos comerciales.

La IRU respalda plenamente la transición hacia vehículos de cero emisiones, pero recuerda que esta solo será posible si la UE establece medidas realistas, asumibles por las pymes —que representan más del 80 % del sector— y ajustadas a las condiciones operativas actuales. Entre las prioridades señaladas por Dinescu, destacan cinco factores clave:

1. Infraestructura: Es imprescindible acelerar el despliegue de estaciones de recarga de alta capacidad, especialmente más allá de la red TEN-T, adaptándolas a los tiempos de conducción y descanso.
2. Preparación de la red eléctrica: La futura legislación europea sobre redes debe incluir objetivos nacionales vinculantes para modernizar el sistema eléctrico allí donde más se necesita.
3. Apoyo financiero a pymes: Los camiones eléctricos siguen costando entre dos y tres veces más que los diésel. Es esencial ofrecer ayudas económicas específicas y mecanismos que reduzcan el riesgo de inversión.
4. Flexibilidad operativa: Se reclama la finalización de la revisión de la Directiva de Pesos y Dimensiones para permitir cargas útiles mayores en vehículos de cero emisiones.
5. Neutralidad tecnológica: La transición debe contemplar una combinación de soluciones, incluyendo electricidad, hidrógeno y combustibles renovables, según las necesidades operativas de cada empresa.

“Rechazamos rotundamente los mandatos de compra obligatoria, sean directos o indirectos, para cualquier tipo de vehículo o segmento de flota”, declaró Dinescu. “Ofrecer soluciones comercialmente atractivas acelerará de forma natural su adopción. Los incentivos bien diseñados son mucho más eficaces que las obligaciones inflexibles”, añadió.

Además, la IRU subraya que no existen aún alternativas viables de cero emisiones para determinados vehículos pesados, como los autocares de largo recorrido o los camiones de obra. A esto se suman otros factores como el uso generalizado de la subcontratación, los márgenes reducidos y la disminución del poder negociador de los operadores, lo que haría que cualquier obligación repercutiera en toda la cadena de valor, generando distorsiones en el mercado y poniendo en riesgo miles de empleos.

También las entidades financieras consideran que los vehículos de cero emisiones son inversiones de alto riesgo, debido a la incertidumbre sobre su valor residual y la evolución tecnológica.

“En lugar de imponer, la UE debe garantizar que los vehículos de cero emisiones compitan en igualdad de condiciones con los convencionales en coste, infraestructura y viabilidad operativa”, sostuvo Dinescu.

El propio análisis reciente de la Comisión Europea reconoce graves obstáculos para los vehículos pesados de cero emisiones, como la falta de infraestructuras de recarga y los retrasos en los permisos y conexiones a la red eléctrica.

“No pongamos en peligro a los operadores, columna vertebral de la economía europea, por circunstancias que no controlan”, concluyó Dinescu. “Cuando infraestructura, costes y red eléctrica están alineados, la inversión llega. Reclamamos un marco político que colabore con los operadores, no que los penalice”.

La IRU agradeció al comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, por convocar este diálogo e incluir al transporte por carretera entre los actores clave.