El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que agotará todas las vías legales, incluidos los recursos judiciales, para responder al ultimátum emitido por la Comisión Europea, que exige corregir las irregularidades cometidas en las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-66 y AP-9, otorgadas en el año 2000.

Según fuentes ministeriales, “las políticas del actual Gobierno van en la dirección contraria al mantenimiento de los peajes”. No obstante, subrayan que el Ejecutivo está atendiendo todos los requerimientos de Bruselas “por responsabilidad y para velar por el interés común”. En caso de que se decida anular las concesiones vigentes, el Estado se enfrentaría a importantes indemnizaciones económicas, ya que la retirada de un contrato vigente a una empresa privada implica compensaciones que podrían afectar de forma significativa a las arcas públicas.

Desde el punto de vista de la Comisión Europea, estas extensiones de contrato constituyen una infracción de las normas comunitarias en materia de contratación pública. Según Bruselas, España no convocó un proceso de licitación ni publicó ningún aviso previo en el Diario Oficial de la Unión Europea, tal y como exige la normativa vigente. Por ello, ha remitido un dictamen motivado al Gobierno español, instando a dar una respuesta en un plazo de dos meses.

“Bruselas insta a España a respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas”, señaló la propia Comisión en un comunicado oficial. En caso de no atender al requerimiento en el plazo estipulado, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Para el Ejecutivo comunitario, las prórrogas de las concesiones son “modificaciones sustanciales” equivalentes a una nueva adjudicación, lo que exige, de acuerdo con el derecho europeo, un procedimiento de licitación abierto, competitivo y transparente. La falta de ese procedimiento vulnera los principios de igualdad de trato y transparencia que rigen en la legislación europea en materia de contratos públicos.

Este nuevo conflicto entre España y la Comisión Europea se produce en un contexto de creciente presión por parte de Bruselas para que los Estados miembros cumplan estrictamente los criterios de competencia y transparencia en la adjudicación de contratos públicos, particularmente en sectores estratégicos como el de infraestructuras de transporte. El desenlace del caso tendrá consecuencias significativas tanto desde el punto de vista económico como institucional para el Estado español.