La Comisión Europea ha congelado cerca de 1.000 millones de euros correspondientes al quinto tramo del Plan de Recuperación y Resiliencia de España. Esta partida forma parte de un paquete más amplio de 23.900 millones de euros, compuesto por 8.000 millones en subvenciones y 16.000 millones en préstamos, cuyo desembolso estaba condicionado al cumplimiento de una serie de hitos pactados entre el Gobierno español y Bruselas.

Según han confirmado fuentes del Ministerio a Europa Press, más de 1.000 millones de euros quedarán «en suspenso» hasta que se cumplan los compromisos aún pendientes. Los dos hitos clave que no se han alcanzado son la reforma fiscal que incluía una subida del impuesto al diésel y las inversiones en la digitalización de las administraciones regionales y locales.

A pesar de este revés, España seguirá recibiendo un pago parcial correspondiente a los hitos ya cumplidos. Además, se abre un nuevo plazo para que el Gobierno complete los objetivos pendientes, con el fin de desbloquear los fondos congelados.

El elemento central del conflicto con la Comisión Europea ha sido la reforma fiscal, que incluía la subida del impuesto sobre el diésel. Esta medida no ha prosperado en el Congreso por falta de apoyos políticos suficientes. El propio ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ya adelantó en junio que si la evaluación llegaba en julio sin haberse aprobado este incremento fiscal, el Ejecutivo avanzaría “en paralelo” en la ejecución de los hitos pendientes, como ya ocurrió con el cuarto tramo del plan.

Cabe recordar que en esa ocasión, Bruselas congeló 158 millones de euros de los 10.000 millones asociados al cuarto desembolso, debido a deficiencias detectadas en uno de los objetivos. Esa cantidad no fue abonada hasta que el Gobierno corrigió las irregularidades y logró cumplir con lo exigido.

En su evaluación de este lunes, la Comisión ha decidido liberar finalmente esos 158 millones, que se integrarán dentro del quinto tramo, tras constatar que el objetivo asociado se ha alcanzado de forma satisfactoria.

Este nuevo aplazamiento marca un precedente relevante para el resto de tramos del plan de recuperación, que dependen directamente del cumplimiento de las reformas estructurales y las inversiones comprometidas por el Gobierno. Bruselas ha insistido en múltiples ocasiones en que los desembolsos no son automáticos, y que cada tramo está sujeto a una verificación rigurosa del cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos.

La congelación de fondos supone un toque de atención para el Ejecutivo, que deberá acelerar las reformas pendientes si quiere recuperar el dinero bloqueado y evitar nuevas demoras en futuros tramos del plan europeo. El resultado de este proceso tendrá un impacto directo no solo en la credibilidad del plan español ante la Unión Europea, sino también en la disponibilidad de financiación para proyectos clave, incluidos aquellos que afectan al sector del transporte, la energía y la transformación digital.