Fenadismer alerta que el proyecto limitará las acciones colectivas, beneficiando a grandes corporaciones en perjuicio de transportistas y consumidores
El sector del transporte por carretera podría ver mermada su capacidad para denunciar prácticas anticompetitivas si prospera el proyecto de Ley de Acciones Colectivas, actualmente en trámite parlamentario. Según Fenadismer, la norma, lejos de proteger a los afectados, impone barreras procesales y financieras que dificultarán futuras demandas contra cárteles, como los ya conocidos de fabricantes de camiones, petroleras y concesionarios de vehículos.
Claves del conflicto
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Limitación de legitimación activa: Solo ciertas asociaciones de consumidores podrán interponer demandas, excluyendo a entidades especializadas como Fenadismer, que ha liderado reclamaciones históricas:
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Cártel de camiones (2016): 20.000 vehículos afectados.
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Macrodemandas a petroleras (2021-2022): 4.000 millones de litros de combustible con sobreprecios.
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Cártel de concesionarios (2024): 12.500 turismos y furgonetas involucrados.
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Interferencia en la financiación: Los jueces podrán revisar y anular acuerdos privados con fondos que cubren costes legales, desincentivando la inversión en este tipo de litigios.
Críticas al proyecto
Fenadismer tilda la ley de «contradictoria»: mientras se promociona como una herramienta para «proteger a consumidores», en la práctica favorece a los grandes grupos empresariales. «Es paradójico que se restrinjan las acciones colectivas cuando los cárteles siguen perjudicando a transportistas y autónomos», señala la organización.
Próximos pasos
La confederación presentará enmiendas a los grupos parlamentarios para revertir los puntos más lesivos, insistiendo en que la norma debe facilitar, no obstaculizar, la defensa ante abusos de mercado.
Fuente: Fenadismer.