La nueva Orden TRM/282/2026 adapta la normativa española a la regulación europea, eliminando una incoherencia que impedía cumplir con las obligaciones de control del transporte pese a estar autorizada la conducción.

• El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden TRM/282/2026, de 25 de marzo, que introduce una modificación clave en la regulación del tacógrafo digital en España, corrigiendo un desajuste normativo que afectaba directamente a determinados conductores profesionales.

Hasta ahora, la normativa permitía que titulares del permiso de conducción tipo B pudieran conducir vehículos de hasta 4.250 kg en ciertos supuestos, especialmente vinculados al transporte ligero o nuevas modalidades logísticas. Sin embargo, estos mismos conductores no podían obtener la tarjeta de tacógrafo, un requisito imprescindible para cumplir con las obligaciones de control de tiempos de conducción y descanso.

Esta contradicción generaba una situación de inseguridad jurídica y dificultades operativas, ya que los conductores estaban habilitados para circular, pero no podían cumplir plenamente con la normativa de control del transporte.

Con la entrada en vigor de esta nueva orden, se amplía expresamente el acceso a la tarjeta de tacógrafo a los titulares del permiso B en estos casos, alineando así la normativa administrativa con la realidad del sector y con las exigencias europeas.

Desde Pyramid Consulting, como especialistas en gestión de sanciones de tráfico y transporte, consideramos que esta modificación supone un paso necesario para dotar de coherencia al marco normativo y evitar posibles sanciones derivadas de una situación que no dependía del conductor.

Asimismo, creemos que la medida tendrá un impacto directo en sectores como el transporte de última milla, la logística urbana y los servicios vinculados a vehículos ligeros electrificados, cada vez más presentes en el mercado.

La actualización normativa refuerza, en definitiva, la seguridad jurídica del sector y facilita el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de control del transporte.

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Los Países Bajos implementarán el peaje para camiones el 1 de julio de 2026. A partir de entonces, los propietarios de camiones pagarán por kilómetro recorrido.

• Esta medida también se aplicará a los vehículos extranjeros, como ya ocurre en varios países europeos. El peaje para camiones se aplicará en casi todas las autopistas neerlandesas y en algunas carreteras provinciales y municipales.

La Euroviñeta para los Países Bajos finalizará el 1 de julio de 2026. Según las estimaciones, más de 725.000 camiones extranjeros únicos circulan por las carreteras neerlandesas cada año.

Para todos los camiones

El peaje para camiones se aplica a los camiones holandeses y extranjeros de las categorías N2 y N3. Su masa máxima autorizada supera los 3.500 kg. Para pagar el peaje, los vehículos deben estar equipados con una unidad a bordo (OBU) operativa que registra la distancia recorrida.

Proveedores de unidades a bordo

Para obtener una unidad de control de a bordo (OBU), los propietarios de camiones deben firmar un contrato con un proveedor de servicios. Este proveedor suministra la OBU necesaria y gestiona el pago de los peajes. La OBU debe estar activada en todo momento mientras se conduce en los Países Bajos. No es posible comprar billetes para rutas individuales en los Países Bajos.

Al igual que en Alemania y Bélgica, en los Países Bajos existen dos tipos de proveedores:

•  Los proveedores de EETS ofrecen una unidad a bordo que funciona en varios países. En la práctica, estas unidades suelen ser suministradas por los proveedores de tarjetas de combustible.

•  NedLinq ofrece una unidad a bordo que funciona únicamente en los Países Bajos. Este proveedor también ofrece unidades de reemplazo en caso de avería.

¿Ya dispone de una unidad a bordo?

Muchos propietarios de camiones extranjeros ya disponen de una unidad a bordo (OBU). La mayoría de los proveedores permiten ampliar la cobertura a los Países Bajos. Las OBU de los proveedores de servicios nacionales de Alemania y Bélgica, Toll Collect y Satellic, no funcionan en los Países Bajos.

Por qué se introduce el peaje para camiones

El peaje para camiones está diseñado para cobrar a los propietarios de camiones por kilómetro recorrido. Este peaje también contribuye a que el transporte sea más sostenible y eficiente. Cuanto más limpio y ligero sea el vehículo, menor será el importe por kilómetro. Como resultado, el peaje para camiones incentiva las inversiones en vehículos limpios y eficientes. La tarifa por kilómetro se basa en la masa máxima autorizada (de la combinación de vehículos), la clase de emisiones de CO2 y, en algunos casos, la clase de emisiones Euro. Las tarifas y una herramienta para calcularlas se pueden consultar en www.trucktoll.nl. Una parte importante de los ingresos del peaje para camiones se destina a subvenciones para mejorar la sostenibilidad del sector.

Aplicación de la normativa

A partir del 1 de julio de 2026, todos los camiones N2 o N3 que entren en los Países Bajos deberán estar equipados con una unidad de control a bordo (OBU) en funcionamiento, suministrada por un proveedor autorizado. De lo contrario, el propietario del vehículo podrá ser multado. Los Países Bajos exigirán el cumplimiento de esta normativa desde el inicio del peaje para camiones.

Campaña internacional

Los Países Bajos han lanzado una campaña informativa internacional. Además, los proveedores de servicios y de tarjetas de combustible están informando activamente a sus clientes sobre la entrada en vigor del peaje para camiones en los Países Bajos. Para obtener más información sobre el peaje y las tarifas para camiones en los Países Bajos, visite www.trucktoll.nl.

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido públicamente que el último paquete de apoyo al sector no ha sido suficientemente ambicioso, un mensaje que llega en un momento de fuerte presión para miles de transportistas, especialmente autónomos y pequeñas empresas, golpeados por el encarecimiento de los carburantes y la inestabilidad internacional.

La declaración del ministro supone un giro relevante en plena negociación con el sector. Según explicó, el Gobierno aprobó recientemente un paquete de medidas para aliviar el impacto de la situación internacional sobre los profesionales del transporte, pero admite que no ha cubierto del todo las expectativas de los transportistas. Entre las ayudas ya planteadas figura el descuento de 20 céntimos por litro de carburante, aunque el Ejecutivo estudia ir más allá.

Ese mismo viernes, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, mantenía una reunión con representantes del sector para intentar cerrar nuevas iniciativas. El mensaje del Ministerio es claro: hay margen para corregir y reforzar el apoyo, especialmente en un ámbito tan heterogéneo como el transporte por carretera, donde conviven grandes flotas, pymes y autónomos con realidades muy distintas.

La autocrítica de Puente refleja una realidad que el sector lleva tiempo señalando: las medidas generales no siempre responden a los problemas concretos de los transportistas. El peso del combustible en la cuenta de resultados, la dificultad para repercutir costes, la presión sobre los márgenes y la diferencia de capacidad entre grandes operadores y pequeños profesionales hacen que cualquier ayuda deba diseñarse con un alto grado de precisión. Esta idea se desprende de la propia intervención del ministro, que subrayó la diversidad interna del sector.

En este contexto, los autónomos y las micropymes siguen siendo los perfiles más sensibles. No tienen la misma capacidad financiera ni de negociación que las grandes compañías, por lo que cualquier subida prolongada de costes puede traducirse en pérdida de rentabilidad o incluso en dificultades de continuidad. La posibilidad de que lleguen nuevas medidas es, por tanto, una señal de alivio, aunque el sector espera ahora que ese reconocimiento político se convierta en decisiones concretas.

Durante su intervención, Puente también abordó otros frentes que afectan al transporte. Por un lado, situó en 5.000 millones de euros el déficit de conservación de las carreteras estatales, una cifra que evidencia el desafío de mantener una red clave para la logística española.

La principal lectura para el transporte de mercancías es evidente: el Gobierno reconoce que debe hacer más. Esa admisión no resuelve por sí sola los problemas del sector, pero sí abre una ventana de negociación importante en un momento delicado. Ahora, transportistas y empresas logísticas estarán pendientes de si esa “mayor ambición” se traduce en ayudas mejor enfocadas, más rápidas y realmente eficaces para sostener la actividad en carretera.

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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha su tradicional operativo especial con motivo de la Semana Santa, uno de los periodos con mayor volumen de desplazamientos del año. Millones de viajes por carretera marcarán estos días festivos, en los que se intensifican tanto los trayectos de largo recorrido como los desplazamientos cortos hacia zonas turísticas y segundas residencias.

El dispositivo busca garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico en una red viaria que, durante estas fechas, alcanza picos de circulación muy elevados.

Impacto en el transporte de mercancías

El operativo también tiene implicaciones directas para el transporte de mercancías por carretera. Como es habitual, se establecerán restricciones a la circulación de vehículos pesados en determinados tramos y horarios, lo que obligará a las empresas a planificar con precisión sus rutas y tiempos de entrega.

• Restricciones de circulación para camiones en España en 2026
• Restricciones de circulación para camiones en Navarra en 2026
• Restricciones de circulación para camiones en el Pais Vasco en 2026
• Restricciones de Circulación para camiones en Cataluña en 2026

La DGT ha diseñado un plan dividido en varias fases para adaptarse a los diferentes momentos de mayor intensidad circulatoria. Las salidas masivas se concentrarán principalmente al inicio de los festivos y durante el fin de semana, mientras que las operaciones retorno generarán importantes retenciones en los accesos a las grandes ciudades.

Para ello, se han previsto medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, con especial atención a los puntos conflictivos habituales. El objetivo es claro: reducir la siniestralidad y mejorar la capacidad de las vías en los momentos de mayor congestión.

El operativo contará con un amplio despliegue de medios humanos y técnicos. Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con personal de los centros de gestión, estarán activos durante toda la campaña.

Además, se intensificará el uso de radares, controles de alcohol y drogas, así como la vigilancia desde el aire mediante helicópteros y drones. La DGT insiste en la necesidad de extremar la precaución, especialmente en carreteras secundarias, donde se registra un mayor número de accidentes.

Recomendaciones clave para los conductores

Desde el organismo se hace un llamamiento a la responsabilidad de los conductores. Entre las principales recomendaciones destacan:

• Planificar el viaje con antelación, evitando las horas punta.
• Revisar el estado del vehículo antes de salir.
• Respetar los límites de velocidad y la distancia de seguridad.
• Evitar distracciones al volante, especialmente el uso del móvil.
• No conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Estas medidas, aunque básicas, resultan fundamentales para garantizar la seguridad en carretera durante uno de los periodos más sensibles del año.

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La escalada del conflicto en Irán ha encendido todas las alarmas en el transporte de mercancías por carretera y en el transporte de viajeros en España. El sector advierte de que el encarecimiento del combustible y la tensión internacional amenazan con provocar colapsos logísticos, sobrecostes y graves dificultades operativas si no se adoptan medidas urgentes. El aviso llega de la mano del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que reclama una respuesta inmediata al Gobierno para contener el impacto.

El sector del transporte pone el foco en el alza del combustible

La preocupación no es menor. El CNTC, que agrupa a las principales organizaciones empresariales de camiones, autobuses y otros segmentos del transporte, ha trasladado públicamente que la situación es “crítica” por las consecuencias derivadas de la guerra en Irán. Según su advertencia, el problema no se limita al movimiento de mercancías: también podría afectar al transporte de viajeros y al conjunto de la cadena logística en España.

En un momento en el que la economía depende de la rapidez y estabilidad del suministro, cualquier tensión sobre el coste energético tiene un efecto directo en las empresas del sector. Más gasto en carburante significa menos margen, más presión sobre los precios y una mayor dificultad para mantener la actividad en condiciones normales. Esa es la gran inquietud que hoy domina al transporte por carretera.

Riesgo para la cadena logística y el transporte de viajeros

El mensaje del sector va más allá de una simple queja coyuntural. La patronal del transporte advierte de que, si no se actúa con rapidez, la situación puede derivar en un deterioro general del sistema logístico. Esto afectaría tanto al reparto y abastecimiento de mercancías como a los servicios de autobús, dos actividades esenciales para el funcionamiento diario del país.

Un problema que golpea a toda la economía

Cuando el transporte se encarece, la repercusión llega a todos los eslabones. La distribución de alimentos, productos industriales, comercio y movilidad de personas depende de un sector que ya trabaja con márgenes muy ajustados. Por eso, el temor del transporte no es solo sectorial: también es económico y social.

Además, el contexto internacional agrava la incertidumbre. Los precios del petróleo y del gas se han visto impulsados por los ataques a infraestructuras energéticas en Oriente Próximo, lo que añade más presión a las cuentas de las empresas transportistas.

El Gobierno, ante la presión de aprobar ayudas urgentes

Otro de los puntos clave está en la respuesta política. El sector lamenta el retraso en la aprobación de medidas clave y espera que el Ejecutivo active cuanto antes un paquete de ayudas, especialmente en lo relativo al combustible para los profesionales del transporte por carretera. Esta decisión es considerada determinante para amortiguar el golpe y evitar un empeoramiento de la crisis.

Medidas urgentes para evitar un nuevo bloqueo

La reclamación es clara: ayudas inmediatas y eficaces para contener el impacto del combustible y dar oxígeno a un sector estratégico. El transporte por carretera insiste en que no puede asumir en solitario una nueva escalada de costes ligada a un conflicto internacional.

En definitiva, el sector lanza un aviso que no puede ser ignorado. Si no llegan soluciones rápidas, España podría enfrentarse a un escenario de fuerte tensión logística, con consecuencias directas para empresas, viajeros y consumidores. El transporte vuelve a recordar que, cuando la carretera se frena, se resiente toda la economía.

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Los transportistas de mercancías por carretera de Galicia están valorando la posibilidad de paralizar su actividad ante la reciente subida del precio de los combustibles. El sector alerta de que este incremento pone en riesgo la viabilidad económica de muchas empresas, especialmente de las pequeñas flotas y los autónomos, que operan con márgenes ya muy ajustados.

Riesgo para la continuidad de muchas empresas

Desde el sector se advierte de que la situación es especialmente crítica para pequeñas empresas y autónomos con uno o pocos vehículos, que disponen de muy poco margen de maniobra financiero. Algunos transportistas aseguran que, si la escalada de precios continúa, se verán obligados a dejar vehículos parados o incluso a cesar su actividad.

Las organizaciones de transporte apelan también a los cargadores y a la cadena logística para que comprendan la situación y acepten ajustes en los precios del transporte. Señalan que, sin esta colaboración, será muy complicado que muchas rutas se sigan prestando en las actuales condiciones de mercado.

Las asociaciones de transportistas gallegos han explicado que el aumento del coste del gasóleo se suma a otros factores que vienen lastrando la actividad desde hace meses: encarecimiento de peajes, subida de costes salariales, mantenimiento, neumáticos y seguros. Todo esto repercute directamente en tu día a día si gestionas una flota o trabajas como autónomo en el transporte de mercancías.

Según trasladan estas organizaciones, el precio del combustible representa entre el 30% y el 40% de los costes totales de explotación de un vehículo pesado. Con esta nueva subida, muchos transportistas aseguran que resulta imposible repercutir el incremento de costes a los clientes en los contratos ya firmados, lo que reduce de forma significativa la rentabilidad de los servicios.

Las organizaciones advierten de que no descartan una paralización gradual o indefinida si no se adoptan soluciones urgentes. Recuerdan que, en anteriores crisis de precios, el sector ya llegó a convocar movilizaciones que tuvieron un impacto notable en el suministro de mercancías, tanto en la comunidad como en el resto del país.

Los transportistas gallegos reclaman una intervención inmediata por parte del Gobierno central y de la Xunta de Galicia. Entre las medidas que se plantean, destacan:

• Aplicación de bonificaciones o ayudas directas al gasóleo profesional para empresas de transporte de mercancías por carretera.
• Revisión de la fiscalidad sobre los carburantes que dañan especialmente a los sectores intensivos en consumo de combustible.
• Impulso de mecanismos que garanticen la revisión automática de tarifas de transporte en función de la variación del precio del combustible.

Las asociaciones subrayan que estas medidas serían clave para que empresas como la tuya puedan seguir operando con cierta estabilidad y predecibilidad en sus costes.

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La Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) ha anunciado la creación de un centro de información específico para analizar y seguir el impacto de la guerra en Irán sobre el transporte internacional por carretera.

• Esta iniciativa surge en un momento de alta incertidumbre para el sector, con el objetivo de ofrecer a los operadores una herramienta útil para gestionar sus operaciones en un entorno complejo.

De forma excepcional, la IRU ha decidido poner este hub informativo a disposición de todo el sector, ampliando el acceso más allá de sus miembros. La plataforma centraliza información relevante para facilitar la toma de decisiones en un contexto marcado por la evolución constante del conflicto.

El hub ofrece datos actualizados sobre aspectos esenciales para el transporte internacional, entre los que destacan:

• Situación operativa en Irán y países de la región
• Estado de pasos fronterizos y corredores de transporte
• Restricciones que afectan a la circulación
• Información relevante para la planificación de rutas

El objetivo es proporcionar a las empresas una visión clara de la situación para adaptar sus operaciones con mayor seguridad y eficiencia.

La IRU subraya que el actual escenario requiere una capacidad de reacción rápida por parte de los operadores, ya que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento. En este sentido, contar con información centralizada y actualizada se convierte en un elemento clave para minimizar riesgos.

Con esta iniciativa, la IRU busca reforzar el papel del transporte por carretera como servicio esencial para garantizar el flujo de mercancías, incluso en situaciones de conflicto. El hub pretende ayudar a las empresas a mantener la continuidad de sus operaciones, reduciendo la incertidumbre y mejorando la planificación logística.

La puesta en marcha de este centro informativo refleja la creciente importancia de la información en tiempo real dentro del sector del transporte. En un entorno globalizado y sujeto a tensiones geopolíticas, disponer de datos fiables permite a las empresas anticiparse a incidencias y tomar decisiones más eficaces.

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Los transportistas autónomos han mostrado un profundo malestar con el nuevo sistema de ayudas a la prejubilación anunciado por el ministro de Transportes, Óscar Puente. El colectivo critica que, pese a la puesta en marcha de este mecanismo, solo se podrán atender alrededor de 20 solicitudes anuales, una cifra considerada claramente insuficiente para la realidad del sector.

Según los datos difundidos, el programa está dotado con unos 9 millones de euros anuales destinados a facilitar la retirada anticipada de la actividad a transportistas autónomos de mercancías por carretera. Sin embargo, las asociaciones sectoriales denuncian que, con la configuración actual del plan, solo una pequeña parte de los profesionales podrá beneficiarse.

Las principales organizaciones de autónomos del transporte señalan que en España existen decenas de miles de conductores autónomos de edad avanzada, muchos de ellos con problemas de salud derivados de años de trabajo en condiciones exigentes. Frente a esta realidad, un programa que apenas cubre unas decenas de casos al año es percibido como un gesto más simbólico que efectivo.

El anuncio del plan ha provocado una intensa crítica al ministro Óscar Puente por parte del sector. Las asociaciones sostienen que la medida ha sido presentada como una solución relevante al problema del envejecimiento de la plantilla de autónomos, pero en la práctica no responde a las necesidades reales ni a la dimensión del colectivo.

Los representantes de los transportistas consideran que el Gobierno no ha tenido en cuenta el impacto económico y social que supone el progresivo abandono de la actividad por parte de autónomos sin relevo generacional claro. Además, lamentan que no se haya establecido una línea de diálogo más fluida con el sector antes de concretar los requisitos y condiciones de acceso a las ayudas.

Requisitos estrictos y acceso complicado

Otro de los puntos de fricción es el rigor de los requisitos exigidos para poder acceder a la prejubilación subvencionada. Las asociaciones subrayan que muchas de las condiciones dejan fuera a un número importante de profesionales que, aun necesitando retirarse, no encajan en el perfil previsto por la normativa.

Entre las quejas recurrentes, se apunta a que el diseño del plan no refleja la casuística real de los autónomos del transporte de mercancías por carretera, que a menudo combinan diferentes actividades, han tenido cambios en su régimen de cotización o cuentan con vehículos y licencias que no encajan en los formularios estándar.

Un sector envejecido y con fuertes desafíos

El conflicto en torno a estas ayudas vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural: el envejecimiento de la flota de autónomos y la dificultad para atraer nuevos profesionales al transporte de mercancías. Las asociaciones alertan de que, si no se abordan medidas de mayor calado, el relevo generacional seguirá siendo insuficiente y se agravará la escasez de conductores.

En este contexto, los transportistas reclaman al Gobierno un plan integral que no se limite a una ayuda testimonial, sino que aborde de forma amplia aspectos como la jubilación, la fiscalidad, los costes de explotación, la formación y la incorporación de jóvenes al sector.

Demandas de revisión y negociación

Las organizaciones representativas han solicitado a Transportes que revisen de inmediato el alcance presupuestario y los criterios de acceso al programa de prejubilación. Consideran imprescindible ampliar la dotación y flexibilizar las condiciones, de modo que las ayudas lleguen a un número significativamente mayor de autónomos.

Además, piden establecer mesas de trabajo estables con el Ministerio para diseñar políticas que se ajusten a la realidad cotidiana del transporte de mercancías por carretera.

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El Gobierno está analizando medidas específicas para abaratar el coste del carburante dirigido al transporte profesional, con el objetivo de evitar que la reciente escalada de precios del gasóleo y la gasolina derive en una nueva espiral inflacionista que afecte a toda la economía.

• La preocupación en el sector del transporte de mercancías por carretera es especialmente intensa, ya que el combustible representa uno de los principales costes de explotación para tus vehículos.
• Mientras tanto, países europeos como Portugal ya aplican un descuento extraordinario a los combustibles para paliar los efectos de la guerra o limitan el precio del combustible.

En las últimas semanas se ha registrado un repunte notable en el precio de los carburantes en España, en línea con la evolución al alza del crudo en los mercados internacionales. Este encarecimiento supone una presión directa sobre las empresas de transporte de mercancías por carretera, que ven cómo se reducen sus márgenes en un contexto ya marcado por la competencia intensa y unos costes operativos crecientes.

El Ejecutivo es consciente de que el transporte por carretera es un sector estratégico para la economía, clave para el abastecimiento de bienes y el funcionamiento de la cadena logística. Por ello, está valorando fórmulas para contener el impacto del alza del gasóleo profesional en empresas de transporte, autónomos y flotas dedicadas al transporte de mercancías y de viajeros.

Aunque el diseño final todavía se está debatiendo, entre las opciones que se manejan se encuentran mecanismos de apoyo específicos para el transporte profesional, similares a los ya aplicados en momentos de fuerte tensión de precios energéticos. El objetivo es actuar de manera quirúrgica sobre los colectivos más afectados, como el transporte pesado de mercancías por carretera, evitando al mismo tiempo distorsiones generales en el mercado de carburantes.

Fuentes del Ejecutivo apuntan a que la prioridad es evitar que el encarecimiento del combustible se traslade de forma masiva a los precios finales de los productos, lo que podría reactivar la inflación en un momento en el que se intenta consolidar su contención. En este sentido, cualquier medida se diseñará teniendo en cuenta su impacto fiscal, su compatibilidad con la normativa europea y su carácter temporal.

La principal inquietud del Ejecutivo es que un aumento sostenido de los carburantes se convierta en el detonante de una nueva espiral inflacionista. El transporte de mercancías por carretera es un eslabón transversal: prácticamente todos los sectores productivos dependen de él, por lo que cualquier incremento de costes se acaba trasladando, en mayor o menor medida, al precio final que paga el consumidor.

Además, el Gobierno trata de equilibrar estas medidas con sus compromisos en materia de transición energética y reducción de emisiones. La línea de actuación pasa por compatibilizar el apoyo coyuntural al transporte profesional con la estrategia de descarbonización a medio y largo plazo, que incluye la progresiva entrada de vehículos de bajas y cero emisiones en las flotas.

En este contexto, el sector del transporte de mercancías por carretera se mueve en un entorno de notable incertidumbre. La volatilidad de los precios del combustible, unida a las exigencias regulatorias y a la necesidad de invertir en tecnologías más eficientes, obliga a las empresas a ajustar sus estrategias de forma permanente.

Mientras se define el alcance concreto de las medidas, muchas compañías del sector están revisando sus contratos, cláusulas de revisión de precios y políticas de consumo para mitigar, en la medida de lo posible, el impacto del gasóleo en sus cuentas. La atención se centra ahora en las decisiones que adopte el Gobierno y en cómo estas se traducirán en un alivio real y efectivo para el transporte profesional por carretera.

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La Asociación de Empresarios de Transporte de Asturias (Asetra) ha puesto sobre la mesa una propuesta clara: activar de nuevo la bonificación del combustible profesional si la guerra en Oriente Próximo se prolonga y continúa presionando al alza los precios de los carburantes.

• Esta medida pretende amortiguar el impacto directo que el encarecimiento del gasóleo tiene sobre la rentabilidad de las empresas de transporte de mercancías por carretera.

Desde Asetra se advierte de que una escalada sostenida de precios podría comprometer seriamente la viabilidad de muchas pymes transportistas, especialmente aquellas más dependientes del gasóleo profesional y con márgenes más ajustados.

La organización empresarial asturiana ha mostrado su preocupación por la evolución del precio del gasóleo en las últimas semanas, vinculada tanto al conflicto en Oriente Próximo como a la inestabilidad en los mercados energéticos internacionales. El temor es que una prolongación de esta situación acabe traduciéndose en un incremento estructural de los costes para el transporte por carretera.

Asetra recuerda que, en episodios anteriores de fuerte tensión en los precios de los carburantes, la bonificación del combustible profesional fue una herramienta clave para sostener la actividad del sector. En este contexto, la asociación pide a las administraciones que se mantengan vigilantes y preparadas para reactivar mecanismos similares si el escenario internacional sigue deteriorándose.

La asociación subraya que el transporte asturiano ya opera en un entorno complejo, marcado por costes crecientes, exigencias medioambientales más estrictas y fuerte competencia, tanto nacional como internacional. Un nuevo repunte del precio del gasóleo sin medidas compensatorias podría situar en desventaja a muchas empresas frente a operadores de otras regiones o países con políticas de apoyo más intensas.

Por ello, Asetra insiste en que cuidar la competitividad del transporte por carretera es esencial para la economía regional, dado que gran parte de las mercancías que entran y salen de Asturias dependen de este modo de transporte.

Más allá de la bonificación puntual del combustible, la asociación pone el acento en la necesidad de aportar estabilidad y previsibilidad al marco de costes del transporte. Asetra considera que los empresarios necesitan margen para planificar inversiones en renovación de flota, adaptación a nuevas normativas y mejora de la eficiencia operativa, algo difícil de lograr en un entorno de precios energéticos tan volátil.

La organización defiende que, si el conflicto en Oriente Próximo continúa tensionando los mercados, resultará imprescindible habilitar medidas de apoyo específicas para el transporte profesional, tanto a nivel fiscal como en forma de ayudas directas vinculadas al combustible. El objetivo sería evitar que las empresas tengan que asumir en solitario el impacto de una crisis que tiene su origen fuera de sus ámbitos de decisión.

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