Siguen las sentencias contradictorias contra el cártel de camiones

El mercado español de camiones sube un 1,6% en agosto, hasta 1.700 unidades

Durante estos últimos meses se han emitido un gran número de sentencias contradictorias relativas al caso del cártel de camiones por diferentes Juzgados de Primera Instancia de toda España. En algunos de los casos estas sentencias han sido desfavorables a los intereses de los reclamantes.

En julio de 2016 la Comisión Europea impuso una multa récord de 3.000 millones de euros contra los principales fabricantes europeos de vehículos industriales (Daf, Daimler-Mercedes, Iveco, Man, Renault-Volvo y más tarde Scania) por fijar los precios de venta y retrasar deliberadamente la introducción en el mercado de nuevas tecnologías que redujeran las emisiones de sus vehículos.

Al mismo tiempo, se abría la vía para que aquellos que hubieran comprado vehículos de estas marcas entre 1997 y 2011 interpusieran las demandas pertinentes. En nuestro país, la primera sentencia de este caso se dictó el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Primera Instancia de Murcia.

Pero durante estos meses los procesos judiciales llevados a cabo hasta la fecha han tenido resultados muy dispares en cuanto al método utilizado y la fijación del importe de las indemnizaciones que deberían pagarse a la empresa transportista que reclama.

Según ha informado Fenadismer, en la mayoría de los casos que no han resultado favorables a los reclamantes ha sido debido a que los informes periciales que acompañan la demanda, y que determinan el importe del daño a reclamar, no estaban suficientemente motivados y carecían de rigor técnico. 

Así, tras el rechazo del informe pericial que aportaban las partes personadas en el juicio, en muchos casos los Juzgados de Primera Instancia tenían que recurrir a métodos de cálculo alternativos para valorar el porcentaje de la indemnización. Varios juzgados están utilizando la Guía Práctica de la Comisión Europea para determinar el importe. Este sistema analiza la distribución porcentual de sobreprecios aplicados anteriormente en otras situaciones de cárteles.

Sin embargo, aunque se utiliza el mismo informe de referencia, los resultados están siendo distintos en algunos juzgados. De esta forma, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia concluye que el porcentaje de indemnización debe ser del 5% del valor de adquisición del camión; mientras que para el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao debe ser del 15%.

Por tanto, Fenadismer ha querido aconsejar cautela y prudencia a los reclamantes, pues advierte que la resolución final puede alargarse en una batalla judicial hasta el Tribunal Supremo, la cual se estima que no llegaría antes de 10 años. A su vez, recuerda que las reclamaciones de camiones comprados en España contra el cártel de fabricantes pueden presentarse también en otros países de la Unión Europea. Algunos de ellos tienen jurisdicciones más especializadas en este ámbito y podrían agilizar el proceso.

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