Los países del Este afirman que impugnarán el Paquete de Movilidad cuando sea aprobado

El 15% del transporte internacional español lo realizan empresas del Este de Europa

Los gobiernos de Bulgaria, Rumanía, Polonia, Hungría, Letonia y Lituania han anunciado que impugnarán el Paquete de Movilidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una vez sea aprobado, por considerar que la nueva normativa introduce medidas proteccionistas ilegales.

La tramitación del nuevo Paquete Legislativo de Movilidad en el ámbito de la Unión Europea introduce importantes modificaciones en materia de desplazamiento de trabajadores (salario mínimo), acceso al mercado y tiempos de conducción y descanso. Sin embargo, ha sido objeto de un constante enfrentamiento entre los países de Europa del Este y los países occidentales, pues los primeros consideran que algunas de las nuevas medidas tienen un carácter proteccionista en perjuicio de sus transportistas nacionales.

Según indica Fenadismer, en los últimos 10 años las flotas de los países del Este han crecido exponencialmente en transporte internacionales europeo, mientras las flotas de los países occidentales han ido en detrimento. A ello se suma que muchas empresas de transporte radicadas en los países occidentales se han deslocalizado en países del Este para aprovechar sus costes laborales y fiscales más bajos y seguir operando en sus mercados tradicionales. Para la Federación Española esto ha generado “una inadmisible competencia desleal con las empresas establecidas en sus países de origen.”

Es por ello que el Paquete de Movilidad trata de regular la situación, estableciendo unas normas de mercado equitativas. Pero los gobiernos de los países del Este, en concreto Bulgaria, Rumanía, Polonia, Hungría, Letonia y Lituania, han anunciado que acudirán a los tribunales si se aprueba la nueva normativa. Sobre todo rechazan la medida que obligará a los camiones a regresar a su país de origen al menos una vez cada cuatro semanas, a fin de acreditar que tienen una mínima vinculación real con su país de establecimiento. Consideran dicha medida contraria al principio fundamental de la libre circulación de bienes y capitales en la Unión Europea.

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