Francia intensificará los controles al transporte por carretera.

La segunda reunión de la evaluación de la política pública del Comité de Control de Transporte por Carretera se realizó el jueves 14 de abril. Después de la consulta de todos los interesados y recopilación de información, y finalizada la fase de diagnóstico se presentó la medida a todos los interesados en esta política: los representantes de varios ministerios, los sindicatos de la función pública, las organizaciones de empleadores y la unión del transporte por carretera de mercancías y pasajeros.

Según el secretario de estado, Alain Vidalies, se llevarán a cabo tres proyectos inmediatos:

– La intensificación de los controles en los lugares de carga y descarga.
– Se formará un grupo de controladores de expertos (“Grupo de Trabajo contra el Fraude”) para reforzar la detección del fraude en el tacógrafo y preparar las futuras herramientas de seguimiento previstas en el nuevo Reglamento sobre el tacógrafo: la intensificación de las acciones de lucha contra el fraude.
– El fortalecimiento de las sanciones administrativas y penales para que sean más disuasorias: se trata, por ejemplo, en mayores multas y la confiscación de vehículos para todas las situaciones de delitos graves.

De este modo, los controladores de transporte terrestre controlan en promedio cada año más de 100 000 vehículos, de los cuales aproximadamente la mitad no están registrados en Francia.

Estas inspecciones tienen como fin:

– Encontrar y sancionar las situaciones de cabotaje ilegales casi el 10% de los vehículos controlados. Las empresas que operan estos vehículos son en algunos casos sujetos a sanción administrativa que prohíbe el acceso en un año;
– Encontrar y sancionar como los más de 8.000 casos de incumplimiento de las normas sobre el tiempo de descanso, ya sea diaria, semanal, normal o reducida.

Por otra parte, la ley exige que el empleador asegure que el conductor tiene el descanso semanal normal (RHN) de 45 horas de la cabina, para que no se incurra en una pena de un año de prisión y una multa de hasta € 30.000. Este dispositivo tiene validez jurídica reconocida por la Comisión Europea, que ha evaluado positivamente el procedimiento administrativo que se había iniciado. Desde el establecimiento de las sanciones se registraron cerca de 200 delitos.

Xabier Jiménez soto

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y Periodismo por la Universidad Cardenal Herrera CEU.

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